martes, 18 de agosto de 2015

Declaración de Prensa: SEGURIDAD Y JUSTICIA EFECTIVA Y PLENA PARA EL PUEBLO DE GUERRERO

UNION DE PUEBLOS Y ORGANIZACIONES DEL ESTADO DE GUERRERO
UPOEG
“Movimiento por el Desarrollo y la Paz Social”
¡¡SEGURIDAD Y JUSTICIA EFECTIVA Y PLENA PARA EL PUEBLO DE GUERRERO!!

Declaración de Prensa
La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSyJC), su coordinación estatal, declaramos pública y solemnemente nuestra total disposición de contribuir a la investigación hasta sus últimas consecuencias del vil y artero asesinato de nuestro compañero Miguel Ángel Jiménez Blanco, promotor comunitario de nuestra organización.
Estamos dispuestos a rendir declaración ante la autoridad competente acerca de todo lo que sabemos sobre este asesinato, de las posibles líneas para su investigación y de nuestra presunción acerca de quiénes y por qué atentaron contra la vida de Miguel Ángel Jiménez Blanco.

Sólo pedimos garantías para la seguridad e integridad de nuestras vidas y familias, así como una investigación justa, imparcial, sujeta a derecho y sin sesgos políticos.
A la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSyJC), nos interesa llegar a la verdad jurídica, política e histórica de este crimen, para que no quede impune ni se proteja desde el poder a los asesinos.

Por ello, queremos que se investigue a fondo que pasó y que está pasando; por qué tantas agresiones contra quienes combatimos el crimen, la corrupción, la impunidad y procuramos paz, seguridad y justicia a los guerrerenses.

El estado de Guerrero y el país necesitan saber quiénes y por qué están azuzando y promoviendo la división y la discordia entre nuestros pueblos y comunidades.

Miguel Ángel Jiménez Blanco, se integró a la UPOEG y al SSyJC desde que hicimos presencia en Tierra Colorada, en el Valle del Ocotito y en Xaltianguis y siempre se mantuvo leal a los ideales y principios de nuestra organización.
Era un hombre que exponía honesta y libremente sus convicciones y opiniones y las defendía y promovía con pasión y firmeza.
Podía discrepar de otros compañeros y combatir conductas que consideraba no adecuadas o correctas, pero siempre lo hacía de frente y sin esconder lo que pensaba. Eso le ganó el reconocimiento y respeto de todas y todos los que integramos la UPOEG y el SSyJC.

Desde las primeras semanas de octubre la UPOEG y el SSyJC se comisionó a Miguel Ángel Jiménez Blanco para apoyar, con brigadas de nuestra organización y de la sociedad igualteca, la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, así como de las víctimas del crimen organizado, encabezando brigadas de familiares que fueron a excavar decenas de fosas clandestinas para encontrar los cuerpos de muchos de sus desaparecidos.

En nuestra opinión, esta debe ser la principal línea de investigación de la ejecución extrajudicial de que fue objeto Miguel Ángel Jiménez Blanco, porque la investigación del paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la posible implicación de autoridades estatales y federales con el crimen organizado, eran la principal motivación y finalidad de su permanencia en Iguala y de su compromiso con los familiares de los Otros Desaparecidos, como coloquialmente se les denomina.

No estamos contra el FUSDEG ni le disputamos ningún territorio. Desde que ambas organizaciones nos separamos, hemos sido totalmente respetuosos del actuar y las decisiones del FUSDEG. No hemos sido nosotros los que hemos iniciado ni promovido las diferencias que existen entre nuestras organizaciones. Sólo pedimos que respeten nuestra organización y que no pretendan meterse en nuestros asuntos. Es lo justo; es lo legítimo.

Por lo que respecta a los señalamientos que nuestro compañero Miguel Ángel Jiménez Blanco hace en el mencionado video contra el coordinador regional de la UPOEG y del SSyJC, Ernesto Gallardo Grande, éste también está en la mejor disposición de comparecer ante la autoridad competente para rendir declaración y aclarar las imputaciones que se le hacen.

Como autoridades y representantes comunitarios somos los principales interesados en que se esclarezca hasta sus últimas consecuencias la ejecución extrajudicial de nuestro compañero Miguel Ángel Jiménez Blanco y de que se sujete a proceso y aplique la ley a los presuntos responsables de su asesinato; por lo que demandamos que no sólo se busque a los culpables entre la UPOEG y el FUSDEG sino, y fundamentalmente, entre los servidores públicos estatales y federales que pudieran tener interés en la eliminación de Miguel Ángel Jiménez Blanco con motivo de su actividad a favor del pueblo en Iguala y por lo que éste había investigado acerca de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de los vínculos de las autoridades con el crimen organizado.

La ejecución de Miguel Ángel Jiménez Blanco es un atentado contra las fuerzas democráticas del estado de Guerrero, al que no son ajenos los sectores del gobierno federal y estatal que atizan y promueven la división entre nuestros pueblos y comunidades, para justificar su pretensión de desarmar y someter a los cuerpos populares de seguridad y justicia ciudadana y comunitaria, a corporaciones policiacas y de procuración e impartición de justicia, que desgraciadamente están profundamente penetradas y al servicio del crimen organizado.

La realidad cotidiana que al respecto existe en Guerrero es harto contundente y el pueblo lo sabe y rechaza.

Atentamente
 Coordinación Estatal de la UPOEG, del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana, y Consejo de Autoridades Civiles y Agrarias
Marquelia, Guerrero, a 16 de agosto de 2015. 

lunes, 17 de agosto de 2015

¡¡SEGURIDAD Y JUSTICIA EFECTIVA Y PLENA PARA EL PUEBLO DE GUERRERO!!

Declaración de Prensa La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSyJC), su coordinación estatal, declaramos pública y solemnemente nuestra total disposición de contribuir a la investigación hasta sus últimas consecuencias del vil y artero asesinato de nuestro compañero Miguel Ángel Jiménez Blanco, promotor comunitario de nuestra organización. Estamos dispuestos a rendir declaración ante la autoridad competente acerca de todo lo que sabemos sobre este asesinato, de las posibles líneas para su investigación y de nuestra presunción acerca de quiénes y por qué atentaron contra la vida de Miguel Ángel Jiménez Blanco. Sólo pedimos garantías para la seguridad e integridad de nuestras vidas y familias, así como una investigación justa, imparcial, sujeta a derecho y sin sesgos políticos. A la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSyJC), nos interesa llegar a la verdad jurídica, política e histórica de este crimen, para que no quede impune ni se proteja desde el poder a los asesinos. Por ello, queremos que se investigue a fondo que pasó y que está pasando; por qué tantas agresiones contra quienes combatimos el crimen, la corrupción, la impunidad y procuramos paz, seguridad y justicia a los guerrerenses. 

El estado de Guerrero y el país necesitan saber quiénes y por qué están azuzando y promoviendo la división y la discordia entre nuestros pueblos y comunidades. Miguel Ángel Jiménez Blanco, se integró a la UPOEG y al SSyJC desde que hicimos presencia en Tierra Colorada, en el Valle del Ocotito y en Xaltianguis y siempre se mantuvo leal a los ideales y principios de nuestra organización. Era un hombre que exponía honesta y libremente sus convicciones y opiniones y las defendía y promovía con pasión y firmeza. Podía discrepar de otros compañeros y combatir conductas que consideraba no adecuadas o correctas, pero siempre lo hacía de frente y sin esconder lo que pensaba. Eso le ganó el reconocimiento y respeto de todas y todos los que integramos la UPOEG y el SSyJC. Desde las primeras semanas de octubre la UPOEG y el SSyJC se comisionó a Miguel Ángel Jiménez Blanco para apoyar, con brigadas de nuestra organización y de la sociedad igualteca, la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, así como de las víctimas del crimen organizado, encabezando brigadas de familiares que fueron a excavar decenas de fosas clandestinas para encontrar los cuerpos de muchos de sus desaparecidos. 

En nuestra opinión, esta debe ser la principal línea de investigación de la ejecución extrajudicial de que fue objeto Miguel Ángel Jiménez Blanco, porque la investigación del paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la posible implicación de autoridades estatales y federales con el crimen organizado, eran la principal motivación y finalidad de su permanencia en Iguala y de su compromiso con los familiares de los Otros Desaparecidos, como coloquialmente se les denomina. 

No estamos contra el FUSDEG ni le disputamos ningún territorio. Desde que ambas organizaciones nos separamos, hemos sido totalmente respetuosos del actuar y las decisiones del FUSDEG. No hemos sido nosotros los que hemos iniciado ni promovido las diferencias que existen entre nuestras organizaciones. Sólo pedimos que respeten nuestra organización y que no pretendan meterse en nuestros asuntos. Es lo justo; es lo legítimo. Por lo que respecta a los señalamientos que nuestro compañero Miguel Ángel Jiménez Blanco hace en el mencionado video contra el coordinador regional de la UPOEG y del SSyJC, Ernesto Gallardo Grande, éste también está en la mejor disposición de comparecer ante la autoridad competente para rendir declaración y aclarar las imputaciones que se le hacen. 

Como autoridades y representantes comunitarios somos los principales interesados en que se esclarezca hasta sus últimas consecuencias la ejecución extrajudicial de nuestro compañero Miguel Ángel Jiménez Blanco y de que se sujete a proceso y aplique la ley a los presuntos responsables de su asesinato; por lo que demandamos que no sólo se busque a los culpables entre la UPOEG y el FUSDEG sino, y fundamentalmente, entre los servidores públicos estatales y federales que pudieran tener interés en la eliminación de Miguel Ángel Jiménez Blanco con motivo de su actividad a favor del pueblo en Iguala y por lo que éste había investigado acerca de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de los vínculos de las autoridades con el crimen organizado. 

La ejecución de Miguel Ángel Jiménez Blanco es un atentado contra las fuerzas democráticas del estado de Guerrero, al que no son ajenos los sectores del gobierno federal y estatal que atizan y promueven la división entre nuestros pueblos y comunidades, para justificar su pretensión de desarmar y someter a los cuerpos populares de seguridad y justicia ciudadana y comunitaria, a corporaciones policiacas y de procuración e impartición de justicia, que desgraciadamente están profundamente penetradas y al servicio del crimen organizado.

 La realidad cotidiana que al respecto existe en Guerrero es harto contundente y el pueblo lo sabe y rechaza. 

Atentamente 


Por la Coordinación Estatal de la UPOEG, del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana, y Consejo de Autoridades Civiles y Agraria


Marquelia, Guerrero, a 16 de agosto de 2015

martes, 4 de agosto de 2015

Tiene disposición para el diálogo y para hacer pactos, contesta la UPOEG al FUSDEG en una asamblea.

“Condenamos enérgicamente el artero asesinato de la maestra Nelva Edilia Sánchez”, se deslindan en un comunicado aprobado ayer en San Marcos. Los gobiernos estatal y federal infiltraron al Frente y los culpan de la emboscada para justificar un desarme, plantean.
 
Abel Salgado, Periódico El Sur de Acapulco.
San Marcos, 1 de agosto de 2015.
En una asamblea ayer, coordinadores de Tecoanapa, Ayutla de los Libres, San Marcos y Tierra Colorada de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), se pronunciaron en disposición al diálogo y a pactar acuerdos con el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG).
En la sesión que se llevó a cabo en el punto conocido como El Aterrizaje, San Marcos, comisarios y consejeros de la UPOEG se deslindaron del asesinato de  la maestra y coordinadora Nelva Edilia Sánchez López, ocurrido en El Cortés, en este municipio.
Asistieron 250 integrantes de esa organización, no estuvo el dirigente Bruno Plácido Valerio y se aceptó el llamado al diálogo del FUSDEG, aunque no precisaron si asistirán a la reunión convocada para el lunes.
A las 11.30 y con la presencia de la mayor parte de consejeros y comandantes de la UPOEG de las diferentes regiones donde tienen presencia, inició la asamblea donde el promotor, Crisóforo García Rodríguez, quien fungió como moderador, dijo que había 25 puntos a tratar pero sólo desahogaría uno: la lectura de un “boletín informativo” con relación al asesinato de Edilia Sánchez López.
La promotora en Ayutla, Eneida Lozano Reyes leyó el comunicado, “condenamos enérgicamente el artero asesinato de la maestra Nelva Edilia Sánchez López, originalmente fundadora del sistema de Seguridad y Justicia  Ciudadana e integrante de la UPOEG, demandamos el pronto esclarecimiento de su asesinato y rechazamos rotundamente que la UPOEG o el SSJC (Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana) hayamos tenido algo qué ver con el asesinato de la maestra Nelva”.
Pidió al FUSDEG no responsabilizar “inmediatamente” a la UPOEG, ante cualquier suceso “por lamentable que este sea”. Llamó a esa organización a no abonar a la “campaña de desprestigio de la UPOEG que impulsan fuerzas ajenas y adversas a los intereses de nuestros pueblos”.
“No es lanzando acusaciones sin fundamento como se van a aclarar y resolver las cosas y contener la violencia, que tiene su verdadero origen en sectores ajenos a nuestros pueblos”, expuso.
En el comunicado se indica la disposición al diálogo, “si el FUSDEG quiere diálogo tengamos diálogo, si quieren pactar acuerdos pactemos acuerdos (…) si quieren fortalecer la capacidad de autogobierno y de libre determinación de nuestros pueblos y comunidades, le entramos”.
En caso de no coincidir los dirigentes del FUSDEG en lo expuesto por la UPOEG, la organización se dijo dispuesta a ofrecer “pleno y absoluto respeto a su organización”.
Al final del comunicado se insiste en que la UPOEG no incurrirá en agresiones en contra del FUSDEG ni promoverá actos violentos: “porque para nosotros los enemigos no son ellos, nuestro enemigo no está entre el pueblo”.
Después de la lectura del boletín, el promotor Crisóforo García Rodríguez informó que se encontraban más de 30 autoridades de la UPOEG entre promotores, comandantes y representantes sociales, además de los policías ciudadanos.
La reunión fue debajo del techado de la cancha en donde una escalinata de tres niveles era ocupada en su mayoría por policías con playeras verdes y azules, rotuladas con la leyenda “Policía Ciudadana”, con las letras SSyJC y el escudo del estado de Guerrero.
En la primera participación de 15 que hubo, el comandante de la Policía Ciudadana de Tecoanapa, Tomás Astudillo Mayrén afirmó que el gobierno ha infiltrado gente dentro del FUSDEG.
Reclamó a sus compañeros porque dijo que tienen abandonada la seguridad en Las Cruces, municipio de San Marcos, y ante la carencia de resguardo dan la vuelta por la carretera federal a Pinotepa Nacional para evitar una emboscada, pero “tememos a que vaya a ver una deserción”
Pidió a la Policía Ciudadana de San Marcos, en especial a sus comandantes, prender los radios de telecomunicación porque los tienen apagados.
La promotora de la UPOEG en Ayutla de los Libres, Eneida Lozano dijo que hablaba a nombre la maestra Edilia Sánchez, quien perteneció a esta organización y a nombre “de todas las mujeres que yacen ocultas en algún campo o fosa clandestina”, que las mujeres luchan por la justicia, “nosotros no podemos matarnos entre nosotros mismos”.
Aconsejó que los policías ciudadanos no hicieran rondines en parejas porque eso los haría vulnerable, y llamó a los representantes de San Marcos a reforzar la incursión de sus policías ciudadanos.
El coordinador en  San Marcos, Tomás Palma Espíritu se deslindó de la emboscada a la maestra Edilia Sánchez, y denunció que era el gobierno el que quería disolver las policías comunitarias “el gobierno quiere que nos enfrentemos los pobres”.
El promotor en Tecoanapa, Mauro Rosario externó que la UPOEG “no nació para matar” y alertó que el asesinato de la coordinadora del FUSDEG “puede ser una estrategia del mismo gobierno” para que se justifique el desarme de las policías ciudadanas, ”pudo ser estrategia de alguien que pusiera playera comunitaria de la UPOEG”.
Tras el asesinato de Edilia Sánchez López, el coordinador del FUSDEG del municipio de Chilpancingo, Salvador Alanís Trujillo afirmó que policías de la UPOEG iban en una camioneta Ranger roja doble cabina, vestían playeras verdes y dispararon contra la camioneta en que viajaba la dirigente, su hija y su hermana.
Ayer uno de los promotores de la UPOEG en la comunidad de Piedra Blanca, San Marcos, Gaudencio reclamó a los dirigentes que antes de las elecciones la organización “era otra”, la veía más unida. Comparó que en reuniones anteriores la convocatoria era mayor, antes la cancha techada donde se hizo la asamblea se veía abarrotada, y ayer apenas se llenaba una cuarta parte.
Al finalizar las intervenciones, Crisóforo García llamó a una votación para la aprobación del comunicado, y se aprobó distribuirlo a los medios de comunicación.
El promotor de la UPOEG ofreció colaboración en la investigación para el esclarecimiento del asesinato de la dirigente del FUSDEG, Nelva Edilia Sánchez, de quien recordó que no era una persona ajena a ellos porque trabajaron juntos “no se vale que le hayan quitado la vida de una manera criminal”. Llamó a la Fiscalía General del Estado a que haga su trabajo.
La asamblea duró dos horas y se convocó a una conferencia de prensa, pero al culminar los dirigentes Crisóforo García Rodríguez, el abogado Manuel Vázquez Quintero y el comandante Ernesto Gallardo Grande evitaron responder a los reporteros por qué no asistieron a la reunión con el FUSDEG el jueves en Tierra Colorada, sólo externaron que lo emitido en el boletín era la respuesta.
Otros dirigentes que pidieron reservar sus nombres dijeron que el FUSDEG no los invitó a ninguna reunión, ni sabían de la que está convocando para el próximo lunes, sólo por las declaraciones que salieron en el periódico.
 
 
 
 
 
 
 

martes, 14 de julio de 2015

EL DERECHO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS A LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA

“Pido humildemente perdón, (…) por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América.”

Papa Francisco. Bolivia, 9 de julio de 2015.


En México existen actualmente tres sistemas para elegir autoridades y representantes políticos por votación popular directa: el de usos y costumbres, el de partidos políticos y el de las candidaturas independientes.
El sistema de elección mediante usos y costumbres, o por sistemas normativos propios, es el más antiguo de todos, ya que desde hace varios siglos es el que utilizan los pueblos de México para gobernarse por sus propias tradiciones y formas de autoridad.

El régimen colonial español respetó en lo esencial estas formas de gobierno y de elección. Sin embargo, ya en el México independiente, con el pretexto de que ahora todos éramos iguales ante la ley, los pueblos originarios sufrieron el primer despojo de este ancestral derecho.

Esto se produjo a consecuencia de la Ley Lerdo de 1856, ley todavía vigente en nuestros días, de la cual se aprovechó la clase política dominante para desconocer la personalidad jurídica y las formas de gobierno de los pueblos originarios y para despojarles de sus tierras, al incluir en esta Ley de desamortización de los bienes de la Iglesia a los Ayuntamientos, que en aquellos años eran la forma dominante de gobierno y representación política de los pueblos originarios de México, de la misma manera que sus tierras comunales eran las más extensas y codiciadas.

Este despojo de tierras y de derechos políticos dio origen a los grandes latifundios, los peones acasillados, las tiendas de raya y los jefes políticos de la época porfiriana.

La Revolución Mexicana revirtió en buena parte este proceso, restituyendo sus tierras a algunos, muy pocos, pueblos –los bienes comunales siempre les han inspirado gran temor a quienes nos gobiernan−, repartiendo muchos latifundios y haciendas en forma de parcelas ejidales y restableciendo el municipio libre, pero dejando en el olvido los derechos políticos y agrarios de los pueblos originarios.

El sistema de usos y costumbres impera en casi todas las demarcaciones territoriales que integran los órganos auxiliares de gobierno de los municipios del país (Comisarias, tenencias, delegaciones, etc.), pero sólo recientemente, hace 30 años, se empezó a reconocer este sistema en las constituciones de los estados.

Así, en Tlaxcala, a partir de 1985, se empezaron a elegir “regidores del pueblo” mediante “la modalidad de usos y costumbres” y desde 1994 presidentes de comunidad” para poblados distintos a la cabecera municipal con más de mil habitantes; nivel de gobierno que a su vez forma parte del cabildo municipal.

Las presidencias de comunidad son en realidad un gobierno comunitario con autonomía relativa y no solamente un órgano auxiliar del ayuntamiento. Actualmente los “presidentes de comunidad” gobiernan en 98 comunidades de 24 de los 60 municipios de Tlaxcala.

En varios estados de la República y recientemente en Guerrero, se ha venido reconociendo en cierto grado el derecho a la representación política de los pueblos originarios, aunque a decir verdad con muchas, muchísimas limitaciones. Así en Chiapas, todavía se les obliga a registrar a las autoridades municipales electas por usos y costumbres a través de un partido y a someterlas de nuevo a votación, ahora por el sistema de partidos políticos, como se hacía en Oaxaca.
Por eso, los casos más destacados y sobresalientes en cuanto a la conquista del derecho a la representación política de los pueblos originarios siguen siendo el del estado de Oaxaca y el del municipio de Cherán, en Michoacán.

A partir de 1995, con el voto en contra del PAN y del PRD, en Oaxaca se reconoció constitucionalmente el derecho de los pueblos a elegir a sus autoridades municipales mediante sistemas normativos propios o de usos y costumbres. Así se eligen actualmente 417 de los 570 municipios de Oaxaca.

Cherán conquistó este derecho a través de una amplia movilización popular, que comenzó el 15 de abril de 2011, cuando la comunidad organizo por sí misma la autodefensa de su municipio, para hacer frente al acoso e intimidación del crimen organizado y debido a la incapacidad de los tres órdenes de gobierno para brindarles seguridad y justicia.

Las autoridades electorales federales tuvieron que reconocer ese mismo año el derecho de los habitantes de Cherán a la representación política propia y al autogobierno, convirtiéndose así en el primer municipio de Michoacán que se gobierna mediante sistemas normativos propios y que ha elegido un gobierno municipal integrado por consejos comunitarios de amplia participación popular.

En Guerrero este sistema es el que se utiliza actualmente en todos los municipios del estado, para elegir autoridades y representantes comunitarios y agrarios (Comisarias y delegaciones municipales, comités de colonia y autoridades ejidales y de bienes comunales).

El actual sistema de partidos políticos
Este sistema tiene sus orígenes en la reforma política de 1977, cuando comenzó propiamente el inacabado proceso de transición democrática en el país, al pasar de un esquema de partido casi único a un modelo de plural, de varios partidos; transición cuyo mayor impacto se logró al conformarse una mayoría opositora en la LVII Legislatura del Congreso de la Unión en 1997, el triunfo de la izquierda en la jefatura del Gobierno del Distrito Federal en ese mismo año y la alternancia en la presidencia de la República el 2 de julio del año 2000.

Aunque al principio este sistema generó grandes esperanzas de que las elecciones en México por fin serían libres, limpias, transparentes y que realmente reflejarían y se acataría la auténtica voluntad popular, con el tiempo el desencanto se ha impuesto y ahora la mayoría de los mexicanos percibe, y así lo manifiesta, que el actual sistema de partidos no es lo que queríamos.

Es un sistema muy costoso, plagado de trampas y fraudes electorales, de compra y coacción del voto, de corrupción y perversión de la voluntad popular y que recibe, aparte de las prerrogativas de Ley, muchísimos recursos financieros y materiales de los tres órdenes de gobierno, de particulares y del crimen organizado.

La sociedad mexicana les paga a los partidos, sus gastos de operación, el costo de sus campañas políticas y sus actividades específicas, nacional y estatalmente, y aun así todos se exceden en gastos y rebasan los topes de campaña, ante la incapacidad técnica y política del Instituto Nacional Electoral de controlar efectivamente los gastos reales de campaña de los partidos políticos. Es un verdadero saqueo de recursos públicos, que bien podrían destinarse a obra pública.

Las candidaturas independientes
Cargadas de limitantes, candados y prohibiciones, las candidaturas independientes han mostrado que son una alternativa viable al sistema de partidos políticos, aunque en mucho menor medida que las elecciones por usos y costumbres que son la forma de democracia directa por excelencia, ahora sí que la más directa y eficaz.

Así en su primera experiencia masiva, de los 125 candidatos independientes que contendieron en las pasadas elecciones de junio, 5 lograron su objetivo: Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, la gubernatura de Nuevo León; Manuel Clouthier Carrillo, la diputación federal por Culiacán, Sinaloa; Pedro Kumamoto, la diputación local por Zapopan, Jalisco; José Alberto Méndez Pérez, el Ayuntamiento de Comonfort, Guanajuato; y Alfonso Martínez Alcázar, el Ayuntamiento de Morelia, Michoacán.

A diferencia de los sistemas de partidos políticos y de candidaturas independientes, el sistema de elección por sistemas normativos propios de los pueblos originarios es mucho mejor para la ciudadanía por varias razones, entre las que destacan:
Porque es un ejercicio directo de soberanía popular, por eso se les llama de democracia directa;
Porque la elección se organiza por las Asambleas de la propia comunidad;
Porque los candidatos no necesitan el registro de los partidos políticos;
Porque se elige de una lista propuesta por las propias comunidades;
Porque el debate en las Asambleas es más formativo y da mejores resultados que la confrontación que predomina en las campañas electorales;
Porque el voto es universal, libre, directo, personal e intransferible;
Porque la manera de votación es decidida por las Asambleas (a mano alzada, por lista, en pizarrón, por filas, por aclamación, por urna);
Porque no se necesita gastar mucho dinero; es un proceso al alcance de todos los bolsillos.

En Guerrero, los habitantes de Ayutla de los Libres se preparan para decidir, en octubre de este año, mediante consulta previa, libre e informada si eligen a sus próximas autoridades municipales por el sistema de partidos políticos o mediante sistemas normativos propios de los pueblos originarios.
Es la consecuencia de haber ganado el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano interpuesto ante el TRIFE, por más de 60 comisarios municipales de Ayutla de los Libres, en el cual la Sala Regional del Distrito Federal de este tribunal electoral les da la razón a los pueblos originarios.
                                                      
                                                                                            Carlos Romero Reyes 
12 de julio de 2015

jueves, 19 de marzo de 2015

Al Estado le han fallado todas las estrategias: Plácido Valerio


Alondra García Lucatero/Quadratín

CHILPANCINGO, Gro., 19 de marzo de 2015. - El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio advirtió que “al Estado le fallaron todas las estrategias”, tanto la guerra contra el narco, como la fiscalización de recursos para evitar la infiltración del crimen organizado en los gobiernos locales.

Explicó que el propio gobierno federal orilla a los campesinos a sembrar droga, porque el campo está abandonado, sin inversión de recursos y con pocas expectativas de crecimiento.


“A los campesinos no les queda otra vía más que sembrar enervantes porque el Estado no hace la parte que le corresponde, y luego viene con su guerra contra el narco y criminaliza a los campesinos”, recriminó.

Otra estrategia que le falló al Estado, dijo, fueron los mecanismos de seguridad para evitar la infiltración del crimen organizado en los gobiernos locales. 

El ejemplo más claro, dijo, es el ayuntamiento de Iguala, cuya infiltración criminal quedó al descubierto con el caso Ayotzinapa.


“Las autoridades municipales son financiadas por la delincuencia. Al Estado le ha fallado toda la estrategia, porque los candidatos compran votos en las elecciones con dinero ilícito y ya cuando son gobernantes tienen que responder a los intereses de la delincuencia”, explicó Plácido Valerio.
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